La economía colaborativa llegó para quedarse y eso es indiscutible. Consigo trae beneficios y nuevas oportunidades, tanto para el prestador de servicios como para el consumidor o usuario. La falta de regulación legal en cuanto a estas modalidades de trabajo ocasiona conflictos entre la plataforma, el Estado y/o otros trabajadores pertenecientes al sector de transportes privados.  En esta oportunidad escribe Gabriela Murua.

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Desde hace unos años las economías colaborativas vienen fortaleciéndose y apoderándose del mercado mundial. Juan José Ganuza, director de estrategias de Funcas (institución privada española sin fines de lucro dedicada a la investigación económica y social), asegura que facilitan la creación de nuevas empresas y generan nuevos servicios que a su vez aumentan el bienestar de los consumidores y la productividad de toda economía. Agrega que “es un tren que no podemos dejar escapar, pero hace falta resolver los retos regulatorios que nos plantea”. Hasta Hillary Clinton ha dicho que la gig economy “desata la innovación y crea una economía emocionante, pero también plantea preguntas acerca de la protección en el puesto de trabajo y de cómo serán los empleos del futuro”.

Ahora bien, ¿de qué se trata exactamente una economía colaborativa?

En una economía colaborativa quien tiene un producto que no utiliza, como un taladro que se compró para colgar una foto y quedó guardado en la caja, o mucho tiempo de ocio y quiere obtener una ganancia extra vendiendo ese producto o prestando su fuerza de trabajo puede aplicar a una plataforma digital que le proveerá del mercado necesario. Cualquiera puede postularse siempre y cuando cuente al menos con un smartphone o computadora con acceso a Internet. Extenso es el catálogo de start ups existentes incluso en Argentina, pero vamos a focalizarnos sólo en Uber.

Actualmente, y con solo dos años desde su arribo en Argentina, como afirma Andrew Macdonald (vicepresidente y gerente general regional de Asia Pacífico, India y América Latina), Uber ya cuenta con más de 350 mil usuarios conductores y el consumo por parte de pasajeros y conductores crece a ritmo de dos dígitos anual en Buenos Aires. Este crecimiento se debe, en parte, a los mínimos requisitos: tener licencia profesional de conducir, vehículo modelo 2007 o posterior con VTV y seguro al día. Además, el mayor beneficio que ofrece es la flexibilidad de horarios y jornadas, ya que siendo uno su propio jefe puede decidir en qué momentos trabajar y cuándo no hacerlo.

Sin embargo, cuántas más personas se suman a este modelo, más son los conflictos que se generan por su falta de regularización. Ejemplo de ello son las manifestaciones y cortes de calles realizados por taxistas y remiseros, casi diariamente, y el surgimiento de los “caza Uber”, agrupaciones que persiguen y agreden a cualquier conductor del cual sospechen que trabaja con esta modalidad. Esto demuestra la necesidad de encontrar un marco legal para que estas apps puedan funcionar en el país. Por ello sería interesante revisar qué soluciones o alternativas se han ido incorporando en distintas partes del mundo.

Actualmente, Estados Unidos está tratando la creación de un nuevo tipo de figura laboral similar al del autónomo dependiente, sumándole a su flexibilidad las protecciones de las que gozan los empleados. Esta idea surgió como consecuencia del polémico caso de Barbara Ann Berwick, donde la Comisión Californiana del Trabajo falló a favor de la conductora de Uber en su reclamo de ser reconocida como una empleada de dicha empresa.

En otro caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidió que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital que conecta pasajeros con conductores, por lo que deben trabajar bajo licencia, como las que utilizan en España los vehículos alquilados con conductor, y no pueden ser conducidos por particulares.

Mientras tanto, en Argentina se presentan dos posturas contrarias entre sí. Por un lado, la legislatura porteña implementó una ley que castiga con una multa, de hasta diez mil UF (unidades fijas), y con una inhabilitación temporal de las licencias de conducir a todos aquellos conductores que fueren encontrados por agentes de tránsito realizando transporte de pasajeros sin autorización y/o habilitación. Argumentan que su intención es terminar con las asociaciones ilícitas de transporte que por no pagar impuestos ni cargas sociales de sus trabajadores perjudican a la sociedad. Aunque esto suena un tanto contradictorio, ya que la ley apunta a castigar a los conductores y no a la empresa.

Por otro lado, tenemos a Mendoza, que con una mirada más visionaria optaron el 17 de septiembre del 2018 por la implementación de una nueva ley de movilidad. La misma habilita, a empresas como Uber, Cabify y Taxify, a circular de manera local tras cumplir ciertos requisitos (realizar aportes tributarios y una verificación anual del vehículo, presentar licencia profesional de conducir, rendir examen psicológico) que los iguala en materia legal. En justificación a su accionar repusieron que la legislación anterior había sido creada antes que Internet y por lo tanto era obsoleta. Otra de las jurisdicciones que está próxima a legalizar los transportes privados por plataforma es el partido de Moreno.

Asimismo, se puede afirmar que hoy en día Argentina se encuentra en un lento proceso de adaptación a estas innovaciones, porque, a pesar de lo resuelto en la Ciudad de Buenos Aires, cada vez son más las regiones que presentan proyectos de ley para reglamentar estas plataformas digitales (como Provincia de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Córdoba, Jujuy y Neuquén). Por ejemplo, sería interesante que se dispusiera, como en el caso de México, que la empresa contribuya al Estado con un porcentaje de lo recaudado en los viajes y que esto a su vez sea utilizado para mejorar el transporte público. Cabe recordar que al ser un modelo de economía nuevo todavía no se pueden conocer todas las formas de explotarlas para contribuir al crecimiento económico tanto personal como a nivel país.

 

 

[1] Ganuza, Juan José (2017). “El reto de regular la economía colaborativa” en ABC.

[2] Hernández, Estaban (2015). “Gig economy: el empleo actual desaparecerá y esto es lo que vendrá a sustituirlo” en El Confidencial.

[3] Jaimovich, Desirée (2018). “Uber: los consumidores nos quieren tener en la Argentina” en Infobae.

[4] “Choferes de Uber Argentina: requisitos e inscripción (Actualizado)” en Voy En Uber (2018)

[5] Acosta Rainis, Federico (2018). “Una protesta de taxistas contra Uber generó un caos en el centro porteño” en La Nación.

[6]”Escala la violencia de los taxistas caza  Uber: quemaron cinco autos en Almagro, Villa Crespo y Flores” en Clarín (2018).

[7] Ayuso, Miguel (2015). “Este es el nuevo tipo de trabajador que necesita Silicon Valley (y van a dárselo)” en El Confidencial.

[8] Jiménez Cano, Rosa (2015). “California reconoce a una chófer de Uber como empleada de la empresa” en El País.

[9] Muñoz, Ramón (2017). “La Justicia europea falla contra Uber y le obliga a operar con licencia” en El País.

[10] Millenaar, Federico (2018). “La Legislatura porteña aprobó la ley anti Uber que permite imponer sanciones más duras a los choferes” en Infobae.

[11] “¿Cómo es la situación de Uber en el país?” en El Intransigente (2018)

[12] “Mendoza reglamentó la ley que habilita a Uber: Cómo funcionará la aplicación en la provincia” en Infobae (2018).

[13] “La respuesta de Uber a la propuesta de un municipio para “regularizar” el servicio” en El Intransigente (2018).

[14] “El impacto global de Uber: conflictos y 150 regulaciones diferentes en distintas ciudades” en IProfesional (2018).

[15] Sandoval, Sofía (2017). “Uber llega a Neuquén y ya tiene 3 mil choferes listos” en LM Neuquén.

[16] “El impacto global de Uber: conflictos y 150 regulaciones diferentes en distintas ciudades” en IProfesional (2018).

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