Mucho se ha escrito en los últimos años acerca de la diversidad de formas y modalidades que puede cobrar la violencia de género. Las dimensiones más complejas de aprehensión o de consenso son aquellas que aparecen como más intangibles: la simbólica, la económica, la psicológica. ¿Cómo se imbrican estas violencias en el sistema político? ¿De qué manera se violenta a las mujeres en el ámbito político? Escribe Lucía Cholakian.

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No es un capricho. La perspectiva de género es una forma de reconocer la realidad: es leer el presente con la conciencia de que ha existido una desigualdad histórica entre varones y mujeres, que ha sometido a las segundas a diferentes tipos de opresión, y que se ha sostenido en el tiempo hasta hoy; afectando también, por supuesto, a las disidencias sexuales. En una región como la latinoamericana, donde los procesos políticos han llevado a escaladas de violencia política masiva -como fue el caso de México en el período pre-electoral de este mismo año, en el que fueron asesinadxs 152 políticxs de diversas procedencias políticas- cabe observar, entonces, cómo esto afecta particularmente a las mujeres y de qué forma las violencias de género se manifiestan también en la esfera política.

Un informe reciente publicado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) demuestra que, a pesar de que Argentina haya hecho avances significativos en materia de cupo y por haber tenido una presidenta mujer durante dos mandatos consecutivos, sus deudas en términos de prevención de violencia política son aún muy altas. En una investigación que analizó 45 casos de 11 provincias, se evidenció que el 50% de las mujeres políticas entrevistadas sufrieron violencia psicológica, el 28% simbólica, el 22% económica, el 9% física y el 7% sexual. “Como principales resultados tuvimos que la violencia política es un problema que afecta a 8 de cada 10 mujeres que hacen política en Argentina. Deja de ser un problema aislado a ser un problema preocupante y de una elevada magnitud”, explica Lucía Martelotte, Directora Ejecutiva Adjunta del ELA.

De acuerdo a Martelotte, el relevamiento de datos sobre esta problemática es importante: se debe continuar recabando información en ámbitos municipales, sindicales y partidarios con el fin de elaborar políticas concretas de prevención, atención y reparación. “También es importante trabajar con los medios en campañas de concientización, porque uno de los resultados principales tiene que ver con cómo se trata a las mujeres que participan en política, como se las evalúa de forma sexista y no por el cargo que desempeñan”. Es que la raíz de la violencia política no es sólo a puertas adentro de los recintos: está inscripta en una matriz cultural. La gorda, la yegua, la borracha, la ingenua, la puta: mujeres de distintos ámbitos políticos, con distintos niveles de compromiso hacia las temáticas de género, son afectadas en lo cotidiano por estas prácticas en los medios de comunicación, las redes sociales, y distintos espacios de la esfera pública.

Por lo tanto, violencia política es, a su vez, una de las formas en las que se evidencia la interseccionalidad de las violencias. ¿No es, acaso, violencia laboral también para las mujeres que son sometidas a maltratos por su género en el contexto laboral político? ¿Y qué sucede con la violencia mediática, también? Sin ir más lejos, son las mujeres políticas las que son atacadas una y otra vez por los medios por cuestiones relativas al género, deslegitimando su capacidad profesional.

El ámbito de la política está enmarcado en una sociedad en transformación. A medida que las mujeres emergen en la esfera pública -en Argentina, sobre todo a partir del #NiUnaMenos en 2015-, también lo hacen con fuerza sus reclamos: el fin de los silencios respecto a la violencia de géneros, la autonomía sobre el propio cuerpo, los micromachismos, el acoso laboral, el abuso psicológico; son algunas de las categorías que resurgen en la agenda social y resignifican el rol de las mujeres en los distintos espacios que ocupan. Pero esto, a su vez, tiene un coletazo: el sistema patriarcal es ágil, y muchas veces estas disrupciones son penadas. Ejemplo de esto es la crítica a mujeres en posición de liderazgo por ser “poco femeninas”, “muy duras”, o incluso cuestionar su salud mental por la fuerza de su enunciación. La disminución de las mujeres con cargos políticos no es sólo relativa a medios amarillistas ni programas de televisión machistas, sino que se reproduce también puertas adentro de los partidos y organizaciones. Es por esto que el movimiento feminista y el proceso de visibilización de las violencias atentan especialmente con las estructuras jerárquico-patriarcales que determinaron históricamente las formas de hacer política en la Argentina. Como dice la frase, el patriarcado se va a caer, sí: pero porque las mujeres lo están derribando.

Sumado a la coyuntura de disputas y complejidades, en un contexto de ajuste y neoliberalismo, la violencia política también recrudece a la par de las demás. Al aumentar la feminización de la pobreza y en consecuencia las tareas de cuidado atribuidas a las mujeres; el acceso a la participación política también se obstaculiza. “Cuando el Estado se retira, las mujeres tenemos menos tiempo para participar en lo político, lo sindical y en organizaciones”, agrega Martelotte, quien asegura que ante el panorama electoral para 2019 en Argentina esta temática debe ser visibilizada, y depende de la correcta implementación de la Ley de Paridad. “Vamos a poder identificar estas violencias con claridad una vez que la paridad sea una realidad, y las mujeres seamos efectivamente el 50% de las listas electorales”, explica la especialista.

La multiplicidad de formas que puede cobrar la violencia política en nuestra región tiene muchos ejemplos en el presente: Marielle Franco en Brasil, Milagro Sala en Argentina, Berta Cáceres en Honduras, Ruth López Guisao en Colombia, Dulce Rebaja Pedro en México; son sólo algunas de las mujeres violentadas por aquel sistema. En América Latina, sólo Perú ha sancionado una ley específica para el tratamiento de esta violencia; y Ecuador, Paraguay y Uruguay la han incorporado a sus leyes preexistentes de prevención de la violencia contra las mujeres. Argentina aún no ha tomado medidas normativas en este sentido, aunque sí se han presentado en 2018 proyectos para incorporar la violencia política a la Ley 26.485 de protección integral.

Sin embargo, como reflexiona Lucía Martelotte, lo normativo no es todo, sino que se debe apostar a un abordaje integral: “Necesitamos medidas de carácter estructural que manden un mensaje claro a la sociedad: las mujeres en Argentina también podemos hacer política”.