Un juicio millonario contra Monsanto/Bayer vuelve a poner en carrera todas las denuncias sobre el efecto cancerígeno de los agroquímicos. Si bien los hechos parecen confirmar el vínculo entre el glifosato y los casos de cancer en las zonas de fumigación masiva, la megaempresa se niega a aceptar. ¿Es posible pensar un cambio en el modelo agrario? ¿Qué relación hay entre la sojización, el monocultivo y los agroquímicos? Escribe Maximiliano Mendoza.

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El reciente fallo del tribunal de San Francisco en favor de Dewayne Johnson, el jardinero de California que demandó a Monsanto luego de trabajar con sus productos durante dos años, determinó que el glifosato, ingrediente activo del RoundUp, fue el causante de su cáncer terminal. De esta manera, la empresa fue condenada a pagar una sanción económica que asciende a la suma de 289 millones de dólares, de los cuales 39 corresponden a la indemnización de Johnson, y 250 en virtud del ocultamiento de los riesgos sanitarios del RoundUp. Es la primera vez que un tribunal establece una relación causal entre el glifosato y el LNH (Linfoma No Hodgkin). El cúmulo de denuncias y de evidencias científicas que dan cuenta de esta causalidad es cada vez mayor.

Monsanto suma más de cuatro mil demandas en los Estados Unidos. Y a pesar de su insistencia respecto a que el Round Up no representa peligro alguno para la salud humana ni para el medio ambiente, el peso de las denuncias de poblaciones que enferman de cáncer como producto de las fumigaciones masivas con glifosato, es creciente alrededor del mundo. La propia empresa prevé que los posibles costos económicos de las demandas que se sumarán por este fallo, pueden llegar a ser billonarios.

“La opinión del jurado no cambia a la Ciencia”, afirmó Scott Partridge, vicepresidente de Monsanto, quien se solidarizó llamativamente con Dewayne Johnson y su familia a través de un comunicado oficial de la compañía, pero en el que también defendió el uso del glifosato en función de los controles y regulaciones existentes en distintos países del mundo que aprueban el uso del herbicida y que “reafirman que el glifosato no produce cáncer”. Además, anticipó que la compañía apelará el veredicto.

Los organismos estatales encargados de la regulación de transgénicos y agroquímicos han sido, en general, inficionados por los intereses comerciales de Monsanto y otras corporaciones del sector agrobiotecnológico. Tanto en el caso de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) o el propio Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) en nuestro país, los criterios de aprobación de agroquímicos no contemplan cuestiones centrales como el Principio Precautorio (consagrado en el Art. N° 4 de la Ley General del Ambiente N° 25.675) o las decenas pedidos de reclasificación de agroquímicos que incluyan criterios de evaluación de toxicidad a partir de dosis subletales y de exposición crónica. Ni siquiera fue tenida en cuenta la reclasificación realizada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud, la cual le confirió al Glifosato el segundo rango más alto en la clasificación de toxicidad cancerígena.

El RoundUp fue aprobado en 1974 en los Estados Unidos y, en poco tiempo, se convirtió en el herbicida más usado (y estudiado) del mundo. Fue sobre todo a partir de principios de la década del ’90, cuando comenzó a comercializarse conjuntamente con semillas modificadas genéticamente para resistir al químico. El producto estrella de este paquete tecnológico es la Soja RR (RoundUp Ready), cuyo cultivo fue aprobado en la Argentina en el año 1996 y que tendría una impresionante expansión durante la primera década de 2000.

Justamente, la expansión de dicho cultivo, es decir en la medida que se incrementó la “sojización” de los territorios, se hicieron aún más evidentes los problemas sanitarios y ambientales asociados a las fumigaciones. La modificación sustancial del esquema productivo que supuso la incorporación del modelo Monsanto, implicó la devastación de los bosques nativos y la multiplicación de casos de cáncer y malformaciones en poblaciones residentes en áreas cercanas a las fumigaciones.

Atento a estas nuevas realidades, a fines de la primera década de 2000, el Dr. Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET (fallecido en 2014, hizo público un estudio que puso en evidencia de manera incontrastable la relación entre el glifosato y malformaciones en embriones humanos. Tras la publicación de dicha investigación, Carrasco no sólo no fue respaldado por el CONICET, sino que también padeció amenazas, persecución laboral y campañas de desprestigio. Sin embargo, su trabajo fue publicado en la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology un año y medio después, lo que le valió el reconocimiento a nivel internacional. Sus aportes, junto a los del Dr. Gilles Eric Seralini en Francia, son materia ineludible a la hora de investigar el impacto de los agroquímicos en la salud de las poblaciones.

En la actualidad, si bien no existen estadísticas oficiales, en la Argentina se utilizan anualmente cerca de 400 millones de litros de agroquímicos, de los cuales el 60% (alrededor de 230 millones de litros) corresponde al glifosato.

Sin dudas, el fallo Johnson vs. Monsanto constituye un punto de inflexión para las luchas socio-ambientales, y abrirá un frente de demandas judiciales contra  Monsanto/Bayer a nivel mundial.