Con motivo de la nueva regulación para el uso y producción del cannabis medicinal, Código y Frontera entrevistó a Leandro Halperin, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y autor del proyecto, para conversar sobre el proceso de construcción política que fue necesario para lograr el consenso, cuáles son los prejuicios que aún se deben derribar y las discusiones sobre el Estado que impulsa la nueva ley.
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Sos el autor de la flamante regulación para el uso y producción del cannabis medicinal en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que esa ley es el resultado de un trabajo de años, que involucró desafíos de todo tipo. Nos interesa saber sobre los prejuicios que encontraste en relación al cannabis, a su uso medicinal, a los pacientes y qué cosas fueron clave para remover esos prejuicios y que el proyecto sea finalmente aprobado por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad. ¿Qué podés decirnos de esto?
¿Cómo pasamos de un loco suelto a un acuerdo unánime?. La verdad no se bien como pasamos de una cosa a la otra. Uno no ve cómo se van dando esos cambios. Yo no voy a ser historiador, así que otro contará cómo fue ese proceso pero en primer lugar había (y hay) un compromiso por las ideas que quiero representar desde que hago política. No importa el lugar donde activo con mis ideas, en realidad sí, me importa, pero uno es el mismo, las ideas no cambian. Lo que cambian son los roles y subjetivamente las miradas de los otros y las otras que te perciben de manera distinta. Cuando doy clases soy profesor, cuando estoy en la legislatura soy diputado, cuando estoy en casa soy padre o pareja, cuando estoy con amigos soy Leandro, pero mis ideas son las mismas. Las aplico según el lugar.
El tema del cannabis me gusta, porque es un tema que provoca no con el objetivo de separar sino lo contrario, tiene todas las caracterizaciones de un conflicto mal encarado por el Estado. Uno podría ver en el debate alrededor del cannabis todas las condiciones que caracterizamos como negativas de un Estado cuando es ineficaz, cuando es ignorante, autoritario o violento. Los problemas que ha generado la prohibición del cannabis, son temas que militamos con mis compañeras y compañeros desde que yo recuerdo. Obvio que en la universidad empecé a tener más herramientas vinculadas al derecho que tenemos sobre que el Estado no puede meterse en los planes de vida de cada quien, ni siquiera cuando no le guste. Yo puedo entender que, a quienes conducen el Estado, no le guste que los ciudadanos consuman marihuana, tomen alcohol o analgésicos, lo que no puedo entender ni aceptar es que los mande presos por hacer eso, ese es un límite que los gobiernos no pueden traspasar cuando las acciones individuales no perjudican a terceros. Pero la situación del cannabis medicinal tiene aristas diferentes; cuando llegué a la legislatura en el año 2018, unos meses atrás habían aprobado una ley nacional que decía que la marihuana era ilegal para todo menos para utilizarla de forma medicinal o terapéutica. Y también se dió la situación que una de las primeras cosas que pasaron en marzo de ese año fue que probamos hasta dónde podíamos llegar con este tema en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que nivel de empatía podíamos encontrar, y la primera prueba, en el sentido empático, fue la adhesión a la marcha global de la marihuana a comienzos del 2018. Fue raro, yo presenté el proyecto pensando que íbamos a perder por goleada pero se aprobó y esa vez fue la primera en que la Legislatura adhirió a los fundamentos de la marcha global de la marihuana, y los fundamentos de esa marcha son la legalización y la regulación, no sólo del cannabis medicinal sino que de la marihuana en general. Y además, en esa votación hubo legisladores del PRO que nos acompañaron y adhirieron a la convocatoria; partido con el cual hay muchos prejuicios negativos que logramos derribar, y que adhirieron a la convocatoria. Ahí fue cuando dije: “acá podemos hacer más”. Entonces me reuní con algunas mamás y algunos cultivadores con los que ya teníamos vinculo, y con algunos juristas como Mario Juliano que falleció hace pocas semanas. Si bien la legislatura no puede regular el cannabis en general, la ley nacional le permitía a la ciudad regular el acceso a ese derecho y garantizar lo que la ley decía pero que el poder ejecutivo había cercenado con un decreto. La ley no planteaba algunas autorizaciones como las del autocultivo, pero lo cierto es que tampoco las prohíbe, y la ley dice que a partir de la sanción que la utilización del cannabis con fines terapéuticos y medicinales ya no es un delito sino un derecho. Pero al no describir cómo el Estado iba a asegurar el acceso a ese derecho, dejó librada a la discrecionalidad circunstancial de un determinado poder ejecutivo cómo se hace. Eso es malo porque afectó el acceso al derecho a la salud. En consecuencia, la mayoría de las familias siguieron sin acceso al cannabis medicinal y, al mismo tiempo, al no aclarar cómo se accedía se volvió complejo tener lo que se prometía legal.
Sin embargo, la legislación nacional no estableció límites para el acceso al cannabis medicinal y aseguró el derecho de manera genérica, por lo que las regulaciones de menor jerarquía -y un decreto es de menor jerarquía que una ley-, no pueden restringir el derecho, las vías de acceso al cannabis medicinal, si es con esa finalidad. Esa ventana que encontramos con Mario Juliano nos permitió dar origen a este proyecto que tiene como salto importante la protección del autocultivo, como una herramienta de acceso a un derecho que la ley otorga. Los fundamentos que desarrollamos en el proyecto que ahora es ley, son los mismos que utilizaron los jueces para conceder la autorización judicial a muchas familias que cultivaban cannabis y eran criminalizadas. A su vez ese proyecto comenzó a ser visto con buenos ojos en otros lugares del país, pero en la ciudad no lo lográbamos.
A pesar de la movilización de usuarios y familiares con quienes marchamos regularmente por la ciudad, de las organizaciones sociales involucradas en esto y de las charlas que organizamos; nos faltaba algo más. El clima era favorable, la mayoría de los legisladores coincidían con el proyecto pero todavía faltaba algo más porque había prejuicios por derribar. Ahí destaco el rol del partido político que integro y que es la Unión Cívica Radical que, al conformar la coalición Juntos por el Cambio, con el PRO, la Coalición Cívica, Confianza Pública y el Partido Socialista; entre otras aspectos planteamos la necesidad de avanzar con temas de nuestra agenda y que le habíamos propuesto a la ciudadanía. Políticas públicas que consideramos relevantes, y uno de los temas fue el del cannabis medicinal.
Contamos con la predisposición favorable del poder ejecutivo local y del bloque mayoritario para acordar un proyecto común y debatir seriamente el texto de la norma. Ya no era “hacé lo que quieras” sino “acordemos un texto”. A partir de ahí fue todo más complicado. Una vez que la ley puede salir el tema es ver qué ley va a salir. Porque si me decís que adherimos a la ley nacional, eso hubiese sido un avance, pero con sabor a retroceso, porque esta ciudad tiene un valor simbólico espectacular, por ser la capital y por todo lo que significa eso. Entonces, a partir de ahí el desafío era que nuestras ideas principales quedaran plasmadas en el proyecto acordado. El debate fue muy sincero, los prejuicios existían, y convocamos científicos, usuarios, especialistas, cannabicultores, gente de la ciencias jurídicas, de la salud, personas a favor y en contra, que nos planteen sus dudas y fundamenten las certezas. Los legisladores escuchamos, preguntamos, debatimos esto durante meses y logramos derribar prejuicios. Esto nos permitió consensuar una ley que tiene, entre otras aspectos, la protección del autocultivo y nos parece importantísimo cómo se logró. Ahora, lo que pasó en estos tres años fue mucho esfuerzo, mucho trabajo, y fue maravilloso.
¿Cómo fue tu experiencia en el ámbito de los medios de comunicación cuánto tuviste que salir a hablar de esto?
En primer lugar, cuando los cambios son trascendentes no empiezan cuando uno los comienza a ver ni terminan cuando uno los deja de observar. Estos temas están desde que yo recuerdo, de hecho el fallo Bazterrica es de la época de Alfonsín. Desde ese momento se planteaba el tema de la constitucionalidad o la falta de ella en la persecución a los usuarios. Presos por cultivar y por consumir ahora hay pocos aunque los hay, pero en los 90’s eran muchos. Antes era un problema y ahora también. La militancia en los 90´s era contra un Estado más violento que el de ahora. En mi facultad (Derecho de la UBA), había un profesor como Horacio Cattani que tenía una cátedra sobre este tema, el psiquiatra Mariano Castex hablaba sobre eso, en Psicología se hablaba sobre eso. Yo, como militante de Franja Morada, fui a muchos congresos en los 90 y los 2000 donde la despenalización y legalización era un tema de discusión. Eso irradia hacia un lado y hacia otro formando actores que después integran los sistemas, no solo el de administración de justicia sino el de medios por ejemplo, ymuchos periodistas de los 2000 fueron estudiantes de periodismo o ciencias de la comunicación en los ´90. Las intervenciones que tuve que protagonizar no tienen nada que ver con las intervenciones de una década atrás, mucho más bizarros o en los 90, donde el debate era mucho más violento, relacionado con la criminalización. Creo que la discusión evolucionó mucho, porque los jóvenes de antes son los adultos de ahora y tienen un contacto con esa sustancia que es distinto. Sigue cargado de prejuicios un porcentaje importante de la población, pero significativamente más bajo que el que había décadas atrás. Además la información circula de manera más democrática. Vos podés prejuzgar, pero también podés googlear, y eso te permite acceder más libremente al conocimiento. También es cierto que google no te dice qué información es buena y qué información es fake, pero tampoco es tan difícil, si uno quiere, poder descifrar cuando la información es buena y cuando no. Entonces el debate fue bastante más fácil. Como contamos con periodistas cargados de prejuicios, también contamos con periodistas que la militaron o difundieron la información objetivamente. Además, en los últimos años el cannabis medicinal explotó. Es muy difícil que no conozcamos a alguien que use cannabis medicinal o terapéutico. A los jóvenes se le sumaron los abuelos de esos jóvenes, militando por el aceite medicinal. Hay una generación en el medio que lo conoce o que lo probó para leer o ver una película, pero no conoce sobre los usos medicinales o paliativos. Bueno, había que informar. Nos tomamos todo el tiempo necesario para informar. Hicimos una campaña muy fuerte en distintas áreas, a veces públicas pero también muy subterráneas, con políticos, legisladores, dirigentes, que por su incidencia tienen un valor mayor, también sobre jueces y fiscales, pero también sobre periodistas a los que invitamos muchas veces y fuimos a sus trabajos para explicarles qué estábamos haciendo. Hasta a Feinmann le pareció bien.
¿Qué prejuicios encontraste?
Que el que plante va a terminar drogado, caracterizando drogado como un estado de inconsciencia que te hace hacer cosas terribles para con vos mismo y a terceros. El que toma geniol también está drogado. El geniol también es una droga, es un analgésico de baja intensidad. Hay muchas sustancias alteradoras de la persona que con distinta intensidad generan efectos, pero sobre esos efectos hay muchos prejuicios basados en el desconocimiento. El principal prejuicio era ese: qué le puede llegar a la persona que lo use mal, como si hubiera una forma de usarlo mal. Con el cannabis medicinal existe la posibilidad de que no lo uses bien, pero difícilmente lo puedas usar muy mal. Hay que ser muy ignorante para que te haga daño, y en general cualquier familia que lo usa por cuestiones de salud previamente accede a algún tipo de conocimiento. Si no ¿Cómo llega al cannabis medicinal? Ya hay un conocimiento mayor. No es “fumate un porro”, es “usá esto que te puede hacer bien a algo que hoy te pasa y que te hace mal”.
¿Creés que la nueva regulación puede dar lugar a una industria cannábica legal? ¿Qué actividades nuevas podrían surgir, qué impactos económicos podría tener la nueva regulación?
Hay varios aspectos que yo resalto alrededor del cannabis. Hay uno que es el que tratamos ahora, que es el del cannabis medicinal, pero ese está relacionado directamente al derecho a la salud y en este contexto cobró un nivel de prioridad en las políticas públicas la salud que los convierte en relevante, y hay una porosidad que te permite avanzar con estos temas, que años atrás hubiera sido más difícil. Entonces esa fisura en el sistema nos permitió avanzar más rápidamente que si la pandemia no hubiese estado. La segunda arista es la posibilidad de generar ingresos, y también la pandemia desnuda la necesidad de acceder a recursos a través de fuentes nuevas, innovar en cómo se generan esos recursos para el Estado, porque nuestras arcas están escuálidas, y si siempre hacés lo mismo difícilmente recaudemos más que antes. Ahí se abren 2 usos importantes. En el uso medicinal la industria tiene mucho para aportar, si bien el acceso al autocultivo es fundamental para asegurar el derecho, la industria puede aportar mucho para llegar a una variedad que el cultivo individual difícilmente pueda. Además va a generar la posibilidad, a través de impuestos directos que la venta tiene, de provocar ingresos en la sociedad. Lo mismo va a suceder con el cannabis industrial. Creo que tiene usos que el mundo aprovecha y que Argentina todavía no, pero ojalá que sí. Yo promuevo eso porque creo que necesitamos ingresos nuevos. Con mis escasos conocimientos creo que sí, que el cannabis es una fuente posible de ingresos. Hay un tercer aspecto que creo que es importante alrededor de la discusión sobre el cannabis qué es qué modelo de Estado tenemos, qué modelo queremos. Porque todas las restricciones que hay alrededor del cannabis supuestamente son en función de la protección al usuario, de quien lo consume, y la amenaza penal al usuario, sin perjuicio de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, y en mi opinión es inconstitucional, no solamente a mi criterio, en el poder judicial, en todas las instancias coinciden pacíficamente que es inconstitucional salvo alguna excepción. Lo que se pone en crisis es el modelo de Estado: cual es el sujeto prioritario, el individuo o el estado, para qué están hechas las leyes, o los fines que cada uno tiene para su vida es lo que el Estado debe garantizar siempre y cuando no perjudique la vida de otro. Si coincidimos con esta última mirada a la que yo adscribo, lo que ponemos en crisis es otro concepto, mucho más profundo y un debate interesante y muy rico que nutre un montón de políticas públicas y en el cannabis es muy visible. ¿Qué Estado queremos?. ¿Uno paternalista y autoritario que, aunque nos quiera cuidar, nos amenace si no entendemos y nos descuidamos, y nos obligue a vivir como una mayoría circunstancial quiere, inclusive cuando no nos interesa vivir así?. Ese es el estado que tenemos hoy porque las leyes indican eso.
El cannabis provoca otro debate sobre el estado, uno que tolere tu libertad y la proteja, que la limite únicamente cuando intervenís en la vida de terceros. Ese es un estado liberal e igualitario y yo creo en ese estado. Ese es el tercer aspecto que el debate sobre el cannabis pone en juego. Creo que ese es el debate en el que colaboramos con lo que pasó en la ciudad. Es una ley, no un decreto. Es un derecho, no una prerrogativa que el poder te da o te quita. Eso va al corazón de las falencias que nuestro Estado tiene.
Es un debate que si bien es moderno, atrasa. En junio declaramos que este era el año de Manuel Belgrano porque se cumplían 200 años del nacimiento. Cuando el volvió de España tenía una mirada del cannabis, proponía sembrarlo en el país. Hay países como Canadá que han avanzado muy bien con este tema. Es un debate que, como todos los debates que el mundo da, Argentina llega tarde. Ahora tenemos la posibilidad de no llegar tan tarde.
Teniendo en cuenta el rol de las universidades en los debates sobre substancias psicoactivas que hoy son ilegales -un rol que va desde investigaciones clínicas hasta discusiones éticas y legales- ¿Qué rol creés que pueden cumplir las universidades argentinas? ¿Destacas algunas experiencias de universidades argentinas?
Yo creo que ya tienen un rol importante y pueden tener mucho más. Las universidades han contribuido notablemente a la discusión sobre el cannabis. En La Plata hay una cátedra libre, hay investigación y asociación con cultivadores solidarios, en Rosario han generado una carrera de especialización, la UBA tiene tiene cátedras dedicadas al cannabis, se planta en farmacia y bioquímica. Investigadores y profesionales de la UBA promueven entre sus pacientes el uso de cannabis medicinal y reflejan el resultado en papers que muestran sus investigaciones. Lo que ahora se va a poder hacer es ampliar el marco de esas investigaciones, tener más recursos y tener más alianzas con los estados locales. Se abre todo un conjunto de posibilidades donde los estados van a decidir que tipo de políticas pueden tener con el cannabis y algunos pueden no tener ningún vínculo. Si alguna provincia quiere promover investigaciones, lo va a hacer. Si alguna quiere promover el cultivo y la distribución pública o de manera privada o si otra permite solo el cultivo, también. Las universidades también van a ser más libres de investigar los impactos de la ley. Al haber regulado y protegido algunas actividades vinculadas al autocultivo, eso nos va a permitir tener un mayor estudio transparente y oficial sobre los resultados de las plantas obtenidas de manera totalmente autogestionada.
¿Creés que esta nueva regulación abre un nuevo horizonte en las discusiones sobre consumo de substancias y reducción de daños?
No. La verdad que no creo. No porque la ley arrasó, a punto tal que se llevó puesto al ejecutivo nacional que lanzó un decreto. Pero no hubo una discusión detrás sobre el consumo o sobre qué pasa con el que lo hace abusivamente. Pero no es que hay una política pública para entender bien qué es lo que pasa. No hay un estado liberal e igualitario, se sigue siendo paternalista. Lo que pasa con el autocultivo es que no lo pueden parar. Así como las salidas en pandemia no las pueden parar y habilitan cosas que ya se hacen, con el cultivo pasa eso, regulemos porque si no lo criminalizan. Pero incluso entre los que lo autorizaron hay gente que cree que está mal, pero es peor mandarlos presos. Eso sí saben aunque no ven bien que la gente cultive su medicina, Todavía falta para eso y para dar un debate serio sobre la reducción de daños. En el proyecto eso no estaba, no lo quise mezclar, como no me parece bien mandar el proyecto del aborto con el de los 1000 días, como si el derecho al aborto tuviera algo que ver con el derecho a cuidar a tu hijo desde que quedaste embarazada. Tampoco tenía nada que ver la reducción de daños o de consumo problemático con el cannabis medicinal. Una es por el efecto positivo de las normas y otro por los efectos negativos de la falta de políticas públicas idóneas. y la perspectiva de derechos tampoco es la misma, en un caso garantizamos el derecho a la salud y por el otro lo estamos complicando cuando no prevenimos y reducimos daños.
En otras partes del mundo hay universidades como John Hopkins o el Instituto de estudios psicodélicos de California que investigan sobre el uso de distintas sustancias como el éxtasis para tratar estrés post traumático, hongos para la depresión o ayahuasca para las adicciones, sin necesidad de que eso lleve a discutir directamente la legalización. ¿Creés que la discusión sobre el cannabis abre las puertas a otras investigaciones en nuestro país?
Si, me parece que otra vez más el cannabis genera un subconjunto de debates que el valor simbólico de lo que pasó en la ciudad y con el decreto es que te dispara para tantos lados como quieras mirar el estado, sobre todo cuando se presenta ignorante. Estamos derribando prejuicios, pero los prejuicios los estamos derribando en relación al cannabis, no al estado. Eso tiene que ver con el peso simbólico del tercer aspecto de la discusión que te mencionaba antes, qué estado tenemos, qué fines tiene y para qué sirve. En un estado liberal e igualitario entraría lo que planteás, pero en un estado paternalista como el que tenemos no.